Viejos Códigos que no mueren y nuevos que no nacen.

02 de junio del 2014

Muy felices se las prometía el Ministro de Justicia cuando entró en el cargo (y que no se ofenda nadie, que es animal sagrado) como elefante en cacharrería. Y, entiéndanme, no lo digo porque me alegre (no es así) ni porque la mayoría de las reformas legislativas que proyectó no fueran absolutamente necesarias: lo son, sin duda, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, pues ahí están todavía los artículos-espectro de la LEC de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 o este ya, en su mayoría obsoleto, Código de Comercio de 1885. Aguanta algo nuestro Código Civil, pero a base de muchas y discutidas reformas y con todo, todavía habla de menestrales, escribanos, curiales, criados y posaderos. Y así, suma y sigue.
Cabe preguntarse el por qué de esta permanencia tan exagerada en el tiempo de normas que, si han de interpretarse –tal y como afirma nuestra Ley Civil, premonitoria, sin duda- “según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, dicta el sentido común se vaya pensando en jubilarlas, cuando entre la promulgación y la aplicación media más de un siglo. Una de las causas de ello, según bien apuntan los expertos, arriba, es la complejidad del texto. Los códigos tienen la ventaja de coordinar, con mayor o menor fortuna, las disciplinas jurídicas que engloban. Ello evita el gran número de contradicciones que se producen entre legislación dispersa, con su galimatías de disposiciones transitorias y derogatorias que el diablo confunda. Un servidor (quizá algo perezoso para navegar entre diferentes textos) es bastante partidario de estos entrañables "tochos", por más que encuentre aún dificultad, estudiando sus razones intrincadas, cuyo sentido “no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello” como dijera Cervantes de su Quijote, el cual por lecturas, no jurídicas sino caballerescas, “se le secó el celebro y perdió el juicio”. Alguno gané, gracias a ellas, las jurídicas, de todos modos y ciertos artículos de nuestros compendios legislativos creo merecen, como su inefable caballero andante, la inmortalidad.
Me parecen bien, en resumen, los códigos. Lo que ocurre es que es un invento caro y laborioso, tanto que a veces corremos el riesgo de que nazca ya viejo. Técnicamente hemos mejorado mucho: podemos consultar el derecho comparado a golpe de clic o tocando una pantallita sensible al tacto, escribir, borrar, compartir, enviar y recibir a velocidades nunca soñadas. Pero esas ventajas de la era de la información, pueden volverse contra el “invento”, ya que nos se trata, como antaño, de que una minoría ilustrada se imponga a un pueblo, en su mayoría analfabeto y desinformado. Analfabetos hay menos, aunque siempre demasiados y la información, como toda la vida, se manipula o mejor dicho, algunos intentan manipularla, pero es razonable reconocer que ya no es tan fácil que el vulgo y sobre todo ciertos sectores profesionales, bien organizados y con cabezas excelentemente amuebladas, transijan con todo.
Don Alberto cometió el error de comenzar metiéndole mano al ciudadano en el bolsillo: las tasas judiciales y procedió al revés: primero decretó y después se mostró “abierto al diálogo”. La respuesta fue y sigue siendo, feroz y prácticamente unánime. Que los servicios públicos valen dinero y si los queremos modernos, mucho más, está claro. Pero es que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a obras faraónicas, puentes de Babilonia y rotondas de la Guerra de las Galaxias y nadie se ha acordado de los juzgados con los papeles hasta el techo y cuatro ordenadores con pantalla monócroma. Nuestro Ministro de Justicia (recordemos, no es el de Hacienda) ha olvidado lo poco que a mí me quedó claro cuando estudiaba esta disciplina: la desafección de los tributos. Por más que los denominemos tasas, no podemos pretender que la justicia la subvencionen los que acuden a los Tribunales, como tampoco podemos pretender que abonen la sanidad los que tienen la desgracia de caer enfermos o sufrir un accidente. La tasas sobre un servicio público como la justicia, la sanidad o la educación han de ser siempre algo simbólico, una forma de recordar al ciudadano que no hay nada gratis y no un elemento disuasorio, sobre todo para la maltratada clase media.
Todo este gran error de las tasas, mantenido y solo tardía y parcialmente enmendado por su autor, ha servido para que caiga en el descrédito, sobre todo en sectores profesionales: jueces, procuradores, notarios, abogados y hasta opositores (las convocatorias son ridículas) le han cerrado sus puertas: no quieren saber nada de nada: ni de lo bueno ni de lo malo que el Ministerio tenga que decir: a la mano, supuestamente tendida del señor Gallardón contestan por doquier, velados o no, rotundos cortes de mangas. Hace poco contemplábamos (yo personalmente con estupor y fastidio) la retirada del Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, cuando ya estaba en el Senado, después de años de preparación. Pues, nada, otra vez a la LEC de 1881...y la casa sin barrer. Ojalá el varapalo sufrido en las elecciones europeas por los dos grandes partidos les sirva como cura de humildad y para recordar la verdadera función de las Cámaras (no las de TV, sino las del Congreso y el Senado): elaborar buenas leyes para todos con el mayor consenso posible.

Publicado por:

Carlos Alfonso López Mendoza

Abogado online de Madrid