17 de noviembre del 2013
El acuerdo entre trabajadores y empresas supone la retirada del ERE y con él de todos los despidos (más de 1.100) y de la rebaja salarial planteada inicialmente, cercana al 40 por ciento. A cambio los trabajadores asumen una congelación salarial hasta 2017 además de bajas temporales de 45 dÃas al año también hasta 2017.
Se plantean también bajas voluntarias con una remuneración de 28 y 29 dÃas por año trabajado, y excedencias a 5 y 10 años con indemnizaciones que serán, respectivamente, del 50% y del 75% del salario bruto.(Fuente: Qué.es)
En primer lugar, quisiera felicitar a los trabajadores, empresas y a los sufridos madrileños y visitantes (sin ningún tipo de ironÃa, pues no están los tiempos para bromas) por el acuerdo alcanzado. Creo, sin embargo, que esta huelga, como tantas otras que nos toca padecer en la capital de España, ha puesto de nuevo en evidencia la incapacidad de la normativa vigente para hacer compatibles derechos constitucionales y regular el uso abusivo que puede llegar a suponer su ejercicio. El derecho de huelga está recogido en el art. 28.2 de la Constitución Española: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantÃas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.†Pues bien, de forma, a mi modo de ver, bastante inexplicable, esta previsión constitucional se haya defectuosamente cumplida, pues “la ley que la regula†es una norma pre-constitucional: el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo (RDLRT), declarado parcialmente constitucional y reinterpretado, fundamentalmente, por la STC 11/1981, de 8 de abril, en la que el Tribunal Constitucional declara expresamente: “la regulación legal del derecho de huelga en nuestro paÃs está contenida en el mencionado Real Decreto-Ley, en cuanto no sea contrario a la Constitución y en tanto no se dicte nueva regulación por medio de Ley Orgánicaâ€. La situación actual puede calificarse (no encuentro otro modo) de “chapuza legal†pues, además de ser una norma anterior a la Constitución, como apuntaba, y parcialmente derogada, ni siquiera es una Ley Orgánica, como es preceptivo lo sean todas las que afectan a Derechos Fundamentales. Sin duda, la conflictividad que siempre rodea estos asuntos y su escasa rentabilidad electoral hayan motivado el continuo aplazamiento de su elaboración por parte de todos los gobiernos de la Democracia, pero, señores, ya va siendo hora. Y va siendo hora también de que nos fijemos en la segunda parte del art. 28.2: “La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantÃas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.†La limpieza, como la sanidad o el transporte, es un servicio esencial para la comunidad y es preciso que la Ley lo declare claramente y le dé la relevancia adecuada. No es de recibo que tengamos que esperar a que se produzca una urgencia sanitaria para que actúen los poderes públicos mientras se queman contenedores y se producen destrozos (cifrados en medio millón de euros, que pagamos con nuestros impuestos) los trabajadores de los servicios mÃnimos tienen que limpiar escoltados por la policÃa y los que no quieren secundar la huelga (que habrá alguno, digo yo) se ven intimidados por los llamados “piquetes informativosâ€. “Los nueve dÃas de huelga de limpieza viaria y de jardinerÃa en Madrid deja un balance de 18 detenidos, 249 identificados, 27 denunciados, 12 coches particulares y siete vehÃculos de empresa dañados y aproximadamente 125 contenedores y papeleras deteriorados o quemados, han informado a Europa Press fuentes policialesâ€. Esto, evidentemente, no puede ser el ejercicio libre de un derecho: es pura barbarie. La factura por el acuerdo ha sido alta: además de los daños por actos vandálicos están las pérdidas del comercio y la hostelerÃa y el daño -muy difÃcil de evaluar, pero no por ello menos grave- de la imagen de la capital de España, que ha sido, durante casi dos semanas, “la capital europea de la basuraâ€.
Publicado por:
Carlos Alfonso López Mendoza
Abogado online de Madrid