05 de noviembre del 2013
El pasado 31 de octubre de 2013, el Gobierno acordó en Consejo de Ministros el mencionado Anteproyecto, que, evidentemente, no se reduce a lo que parece desprenderse de la segunda frase “matrimonios y divorcios a 95 euros” la cual solo recojo, entrecomillada, para que el lector pueda comprobar hasta qué punto se pueden banalizar las noticias relativas al mundo jurídico. Yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que ejercer su profesión: captar la atención del televidente, “escuchante” o lector no forma parte de mi cometido, pero hay cosas, como dicen las madres que “claman al cielo” y esta es una de ellas, bastante injusta, además, porque el Anteproyecto es jugoso, profundo y lo considero positivo en general, en espera de las transformaciones que experimentará en sus trámites consultivos y parlamentarios. Es, por otra parte, necesario: nos quejamos mucho de la lentitud de la Justicia, desde Hamlet hasta hoy, del exceso de burocracia y de lo caro que resulta todo. Es obvio que, en la actualidad y por la obsolescencia que viene acumulando gran parte de nuestros códigos y procedimientos, los jueces se encargan, con competencia exclusiva, de funciones, especialmente en el ámbito no contencioso (contencioso es, para entendernos, cuando el juez debe decidir quién lleva razón o si no la lleva nadie) que bien pudieran desempeñar otras personas, evitando gastos y contribuyendo a una mayor agilidad o, de forma más realista, una lentitud menos desesperante. Bien: el conjunto de medidas que contiene el Anteproyecto, van encaminado a aligerar un poco las toneladas de papel que (en pleno siglo XXI y contra las profecías del Bill Gates) todavía se acumulan, ociosas, aburridas y polvorientas, en los juzgados. De esto, a pesar de no ser notario, puedo dar fe, porque lo he visto con mis propios ojos, en los laberintos administrativos de las Audiencias, que más parecen empresas dedicadas a la recuperación de celulosa que dependencias oficiales. Y quiero aprovechar ésta última frase para volver al asunto de la futura autorización a estos profesionales, los notarios o fedatarios públicos (no olvidemos el adjetivo) para que se puedan celebrar válidamente ante ellos matrimonios, separaciones y divorcios. Nada tiene de particular, por un lado: si pueden hoy casar, según el Código Civil, Artículo 51:
1.º El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue.
2.º En los municipios en que no resida dicho Juez, el delegado designado reglamentariamente.
3.º El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.
Ya legalmente se prevé (Art. 58) la preceptiva lectura a los contrayentes de los artículos 66, 67 y 68 (parte del Capítulo IV: De los Derechos y Deberes de los Cónyuges). Ni que decir tiene: estos artículos, por sencillos y perogrullescos que parezcan, son de muy necesaria puesta en conocimiento de quien se acerca (y más si lo hace por primera vez, que va uno hecho un pipiolo) a institución de tanta trascendencia y seriedad como es el matrimonio, pese a la evidente y quizá por ella, devaluación, que está sufriendo en los últimos tiempos. Yo iría más allá: nadie debiera casarse sin un conocimiento de lo que esto significa desde el punto de vista humano y jurídico. En ambas facetas, sobre todo en la segunda, el Notario, como experto en derecho y por el devenir normal de la profesión, en relaciones entre personas, puede desempeñar un papel de gran relevancia. Esta función didáctica es algo que puede desempeñar tan bien y en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, que mucho mejor, que cualquiera de los funcionarios “delegados o designados reglamentariamente” que menciona el art. 51 en su redacción actual. Y que me perdonen, pero a mí un señor que, tras años de tediosa preparación, ha pasado por pruebas consistentes en recitar una pila leyes de memoria ante un Tribunal de jurisconsultos, casi sin respirar, me produce un gran respeto. Por eso jamás acudo a una notaría en bermudas y chanclas, por más que, apretando el calor, lo haya visto, con horror, que he procurado disimular, en otras personas. Que me llamen antiguo y estirado, si quieren y que cada cual haga de su capa y de su corbata, un sayo.
Sentada esta premisa en el ámbito de la celebración, tampoco veo inconveniente y sí muchos beneficios en que se les autorice, asimismo, para disolver el vínculo, una vez que ha fracasado “la medicina preventiva” a la que hacía alusión. El Anteproyecto conserva aún dos precauciones: que los divorcios y separaciones sean de mutuo acuerdo y que no existan menores o personas con la capacidad legal limitada (menores e incapacitados). Y, de nuevo, me parece bien, aunque muchos notarios quisieran que tales cautelas no existiesen, por significar -como buena parte de ellos opina- una injustificada intrusión del Estado en la esfera de lo privado. Por último, quisiera señalar que el precio de 95 euros me parece más que razonable, pero no nos llamemos a engaño: habrá casos en que, por la cantidad de bienes que existan en el patrimonio conyugal, su situación en los registros, préstamos hipotecarios...etc. ese arancel sea, a todas luces, insuficiente. A más cuentas y más gestiones, más trabajo y ello debe ser remunerado de manera justa. Ello no quita para que se garantice a todos los ciudadanos al acceso a un servicio público con independencia de la capacidad económica, a través de beneficios similares a los de la justicia gratuita, como se nos ha asegurado se hará también en el ámbito de la jurisdicción voluntaria.
Y, con ésto, voy a dar por terminado este primer acercamiento al Anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros y expuesto, en nerviosa y apretada síntesis, por el Ministro Ruiz-Gallardón, que debe andar, tras el planchazo que se dio con las tasas, bastante disgustado por no poder hacerse entender ni a la ciudadanía en general, ni a los expertos de la profesión jurídica en particular: “mató un perro...y mataperros le llamaron”. Le deseo más suerte en el futuro en su labor dialogante y divulgadora, porque las reformas, créame, hacen mucha falta.
Publicado por:
Carlos Alfonso López Mendoza
Abogado online de Madrid