Supuestos de ruptura entre matrimonios mixtos y entre extranjeros en Espa√Īa

29 de diciembre del 2012

Artículos Doctrinales: Derecho Civil

Algunas cuestiones jurídicas que se plantean en los supuestos de ruptura de los matrimonios mixtos y entre extranjeros

De: Mª Angeles Serrano Ochoa y Ruby Sibony
Fecha: Marzo 2008

Origen: Noticias Jurídicas

1.- Introducción

En los √ļltimos a√Īos las estad√≠sticas revelan que Espa√Īa se ha convertido en el pa√≠s m√°s multi√©tnico de la Uni√≥n Europea con una elevada inmigraci√≥n que hace que su porcentaje sea superior al de extranjeros de otros pa√≠ses de gran tradici√≥n migratoria como Francia, Alemania o el Reino Unido. A nivel mundial, un reciente estudio de la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥mico (OCDE) sit√ļa a nuestro pa√≠s a la cabeza en la recepci√≥n de inmigrantes, s√≥lo por detr√°s de los Estados Unidos y diversas estad√≠sticas confirman que en Espa√Īa, debido a esta multiculturalidad, las uniones mixtas se acercaron a las 34.000, en 2006, es decir, el 16% del total1, porcentaje que se va incrementando con el paso de los a√Īos.

2.- Competencia judicial

Cuando como abogados/as nos enfrentemos a dar una soluci√≥n jur√≠dica a una ruptura de un matrimonio mixto, entre espa√Īol/a-extranjero/a, o entre extranjeros, la primera cuesti√≥n que hemos de examinar es la relativa a la competencia internacional de los Tribunales espa√Īoles para conocer del procedimiento, tal y como establece el art√≠culo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se remite en esta materia a los Tratados y Convenios internacionales2 y a la Ley Org√°nica del Poder Judicial (art. 22)3, y esto es as√≠ porque debe apreciarse de oficio la falta de competencia internacional de nuestros Tribunales, seg√ļn se√Īala el art√≠culo 38 de la Ley Procesal Civil.

Además se debe distinguir entre la competencia para conocer del procedimiento relativo a la separación, divorcio de los esposos o nulidad matrimonial, de la que ha de tenerse en cuenta respecto a la custodia de los hijos menores, o de la correspondiente a los alimentos interesados, pues las normas en uno y otro caso son distintas como veremos a continuación.

As√≠, respecto a la competencia judicial internacional en materia de separaci√≥n/divorcio la norma principal aplicable es el Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci√≥n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, seguida de la Ley Org√°nica del Poder Judicial, ya que si ning√ļn Tribunal de un Estado miembro, concretamente un Tribunal espa√Īol, no es competente para conocer de la acci√≥n de separaci√≥n, divorcio o nulidad, tendr√≠amos que acudir, subsidiariamente, a los foros de competencia determinados o establecidos en nuestra Ley Org√°nica del Poder Judicial (LOPJ). As√≠, seg√ļn el Reglamento 2201/2003 los Tribunales de un estado miembro- excepto Dinamarca-, y en nuestro caso los Tribunales espa√Īoles, son competentes cuando concurra alguno de estos foros que apuntamos esquem√°ticamente y de forma simplificada:


COMPETENCIA TERRITORIAL JUZGADOS ESPA√ĎOLES

Al menos un a√Īo en Espa√Īa

Indiferente población dentro del mismo estado

Un c√≥nyuge vive a√ļn en el estado



Demanda conjunta

Residencia al menos un a√Īo antes de demanda

Residencia al menos 6 meses antes y (o nacional del E. o domicilio en caso del R.Unido o irlanda)

No importa país de residencia

Residencia en Espa√Īa



Demandante en el Estado

Art. 21 LOPJ

Reglamento

2201/03


Residencia habitual de los cónyuges



R.2201/03

Art. 22.3 LOPJ desactivado


Última residencia habitual de los cónyuges



R.2201/03


Residencia habitual del demandado

R.2201/03

Art. 22.2 LOPJ INAPLICABLE


Residencia habitual de uno de los cónyuges


R.2201/03


Residencia habitual de del demandante


R.2201/03


Residencia habitual del demandante
R.2201/03


Nacionalidad (o domicilio en Irlanda/R. Unido) de ambos

R.2201/03

Art. 22.3 INAPLICABLE-a√Īad√≠a que ten√≠a que ser de mutuo acuerdo o con consentimiento


Demandante espa√Īol



Reglamento 2201/03

Art. 22.3 LOPJ


Ambos se someten al tribunal espa√Īol


Art. 22.2 LOPJ

Dem√°s supuestos es incompetente el Tribunal espa√Īol


Foros de competencia del art. 22 de LOPJ: solo crisis matrimoniales.

Materias excluidas : custodia, pensión alimentos, pensión compensatoria o regímenes económicos.

Si adem√°s vamos a tratar cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos/as de ese matrimonio, tendr√≠amos que atender a lo dispuesto por el Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 20034 (o al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia , la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecuci√≥n y la cooperaci√≥n en materia de responsabilidad parental y las medidas de protecci√≥n de ni√Īos, aunque por el momento no est√° en vigor en Espa√Īa pero que se que se puede consultar en www.hcch.nl en su texto en ingl√©s). 5, que conforme a su art. 12 se entienden competentes los Tribunales que lo sean para conocer de la acci√≥n de separaci√≥n/divorcio6 siempre que se cumplan determinados requisitos. 7

Por su parte, el art. 22.3 de la Ley Org√°nica del Poder Judicial establece que "los juzgados y tribunales espa√Īoles ser√°n competentes en materia de relaciones paterno-filiales cuando el hijo tengan su residencia habitual en Espa√Īa al tiempo de la demanda o el demandante sea espa√Īol o resida habitualmente en Espa√Īa".

La regulaci√≥n actual, que da cobertura a todos los residentes extranjeros en Espa√Īa, aunque no se trate de residentes comunitarios, determina que en caso de que no se haya adoptado medida alguna en relaci√≥n con un hijo menor en ning√ļn pa√≠s, ser√≠an competentes los Tribunales espa√Īoles en los siguientes supuestos:

Que demandado y demandante extranjeros residan en Espa√Īa y los hijos menores vivan en el extranjero en alg√ļn pa√≠s comunitario, los tribunales espa√Īoles ser√°n competentes para determinar las consecuencias que la ruptura de la pareja tiene en las relaciones de los padres con los menores, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 b) del Reglamento, siempre que la jurisdicci√≥n sea aceptada de forma inequ√≠voca por ambos, y responda la competencia al inter√©s superior del menor.
Que el demandado y el demandante, extranjeros no comunitarios, residan en Espa√Īa y los menores vivan en un pa√≠s no comunitario, en este supuesto deber√≠a acudirse al art. 22.3 de la Ley Org√°nica del Poder Judicial en el que se establece la competencia de los juzgados espa√Īoles si el demandante reside habitualmente en Espa√Īa.
Que el demandante resida en Espa√Īa y el demandado resida en un pa√≠s comunitario en compa√Ī√≠a de sus hijos, el art. 12.1 b) del Reglamento, otorga la competencia a los tribunales espa√Īoles, cuando al menos uno de los c√≥nyuges ejerza la responsabilidad parental sobre el menor, y la jurisdicci√≥n sea aceptada de forma inequ√≠voca por ambos y responda la competencia al inter√©s superior del menor, art. 12.1 b) del Reglamento8.
Tras leer este √ļltimo apartado planteamos la siguiente cuesti√≥n resuelta por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 12 de mayo de 2003 9¬Ņser√≠an competentes los Tribunales espa√Īoles si una Sra. residente en Espa√Īa (nacional de un Estado no comunitario) con un hijo menor con ella y otro en su pa√≠s, en compa√Ī√≠a de familiares, con car√°cter provisional hasta que pueda venir a nuestro pa√≠s, plantea la demanda de separaci√≥n/divorcio y solicita medidas respecto a los hijos? En este supuesto se resuelve la cuesti√≥n afirmativamente aplicando la competencia de los Tribunales espa√Īoles como foro de necesidad, pues prima el inter√©s preferente del menor, sin tener que plantearse otra demanda en otro pa√≠s cuando ya se ha presentado en Espa√Īa10.

Al existir hijos, se debe tratar tambi√©n en el procedimiento judicial el establecimiento de una pensi√≥n de alimentos, por lo que para determinarse si son competentes o no los Tribunales espa√Īoles, debemos acudir al Reglamento C. E. 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, conforme al cual los foros que determinan la competencia de los Tribunales son : a) los tribunales del estado miembro elegido por las partes, b) los tribunales del estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio y c) competencia de los tribunales de la residencia del menor (acreedor de los alimentos), salvo que dicha medida sea incidental de un proceso de familia en cuyo caso la competencia corresponde, generalmente, al tribunal que conoce de la demanda principal11.

Del mismo modo, deber√≠a considerarse el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y el de Lugano de 16 de septiembre de 1988. Solo en supuestos no regulados por estos instrumentos se aplicar√≠a los foros del art√≠culo 22 de la LOPJ es decir: a) residencia habitual del acreedor de los alimentos en territorio espa√Īol o b) sumisi√≥n expresa de las partes a los Tribunales espa√Īoles.

Si, adem√°s y derivado del conflicto matrimonial se ha producido una sustracci√≥n de menores, tendr√≠amos que comprobar la competencia de nuestros Tribunales en el Convenio de Cooperaci√≥n de autoridades del √°mbito de la Conferencia de La Haya (BOE n¬ļ 202 de 24 de agosto de 1987) que establece la competencia del Juez espa√Īol si el menor se hallara en Espa√Īa, y en las normas contenidas en la antigua LEC de 1881, art√≠culos 1901 y siguientes, sin olvidar que el Reglamento 2201/2003 establece que el juez de la residencia habitual del menor tiene la √ļltima palabra sobre el retorno del mismo a su pa√≠s12.

Esto √ļltimo lo podemos comprobar en el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci√≥n 1¬™13 de fecha 21 de abril de 1997 que deniega la restituci√≥n de un beb√© que se trajo a Espa√Īa la madre en el a√Īo 1994 desde Israel. El padre descubri√≥ la ubicaci√≥n de la madre y del menor y la Autoridad Central Israel√≠ envi√≥ una solicitud a la Autoridad Central de Espa√Īa para lograr la restituci√≥n de la menor conforme al Convenio de Cooperaci√≥n referido. Un Tribunal Rab√≠nico de Israel le otorg√≥ la custodia del menor al padre en virtud de las acciones de la madre. El 19 de abril de 1996 el Tribunal de Primera Instancia de Barcelona desestim√≥ la solicitud de restituci√≥n al padre en base al art√≠culo 20 del Convenio, entre otros motivos porque la restituci√≥n de la menor ser√≠a contraria a los principios b√°sicos de la ley espa√Īola referida a la protecci√≥n de los derechos humanos y las libertades b√°sicas. Se entend√≠a que con la devoluci√≥n al padre no se ten√≠a en cuenta lo m√°s beneficioso para la menor que, durante este periodo, hab√≠a crecido solo con la madre.

3.- Derecho sustantivo

Una vez que se ha determinado la competencia judicial territorial hay que estudiar el derecho sustantivo aplicable al supuesto que nos ocupe, lo que, igualmente, y para a√Īadir m√°s complejidad a la materia, tiene normas propias en los distintos puntos que hemos se√Īalado (separaci√≥n, custodia y alimentos) adem√°s de que puede existir supuestos conocidos en un ordenamiento extranjero que son desconocidos para nuestro derecho, como es el caso del talaq musulm√°n (una especie de repudio regulado por el derecho egipcio). En estos casos, tanto nosotros como el Juez, debemos ante todo conocer el significado de la instituci√≥n que no tiene equivalente en nuestro derecho, acudiendo al derecho extranjero para poderlo analizar. En una segunda fase, se debe buscar una instituci√≥n jur√≠dica en el derecho del foro que desarrolle la funci√≥n que la instituci√≥n desconocida despliega en el ordenamiento extranjero, o al menos una funci√≥n similar. Siguiendo con nuestro ejemplo, si se estudia el derecho egipcio se comprueba que el talaq no es exactamente un divorcio o una separaci√≥n judicial, tal como se entiende en el derecho europeo, sin embargo, si se observa la funci√≥n que esta figura desarrolla en el derecho egipcio ser√≠a similar a un divorcio ya que ambas instituciones persiguen la disoluci√≥n del matrimonio14.

En materia de separaci√≥n o divorcio debemos tomar como punto de partida para saber el derecho aplicable a nuestras pretensiones el art√≠culo 107 de nuestro C√≥digo Civil que fija que la separaci√≥n y el divorcio se regir√° por la ley nacional com√ļn de los c√≥nyuges en el momento de la presentaci√≥n de la demanda; a falta de nacionalidad com√ļn, por la ley de la residencia habitual del matrimonio, y, si los esposos tuvieren residencia habitual en diferentes estados, por la ley espa√Īola, siempre que los Tribunales espa√Īoles resulten competentes.

De forma gr√°fica lo ilustramos de la siguiente manera:

ORDEN DE APLICACI√ďN DEL DERECHO EN MATERIA DE SEPARACI√ďN, DIVORCIO O NULIDAD seg√ļn las siguientes circunstancias (107 CC):


Ley nacional com√ļn de los c√≥nyuges previa prueba

--si tienen m√ļltiple nacionalidad: art. 9.9 CC--

Ley de la residencia habitual com√ļn del matrimonio

Ley de la √ļltima residencia habitual com√ļn de los c√≥nyuges, si uno reside a√ļn habitualmente en dicho Estado

Ley espa√Īola:

Si ambos cónyuges lo piden o uno con el consentimiento del otro y

Ley espa√Īola:

Si uno de los c√≥nyuges es espa√Īol o resida habitualmente en Espa√Īa

SI: Separación o divorcio no contemplado en ley extranjera
SI: Separación o divorcio regulados de forma discriminatoria
SI: leyes extranjeras regulan la separaci√≥n/divorcio de forma contraria al orden p√ļblico.
Si fallan todas las anteriores circunstancias el art. 107.2 del CC genera el p¬ļ de proximidad: ley aplicable el del pa√≠s que presente v√≠nculos m√°s estrechos con el caso concreto.
Si se prev√© que no tendr√≠a efectos en un pa√≠s extranjero‚ÄĒmejor descartar la aplicaci√≥n del D¬ļ espa√Īol.

As√≠, por ejemplo, en el supuesto de que ambos c√≥nyuges sean de nacionalidad marroqu√≠, si piden la separaci√≥n de forma contenciosa o no tienen residencia habitual en Espa√Īa, no hay duda de que la ley sustantiva aplicable a la separaci√≥n de los esposos es la marroqu√≠, pero ello exige la obligaci√≥n de invocarlo y probarlo por la parte que lo alega (art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y que el mismo no sea contrario al orden p√ļblico (art. 12.3 y 107.2 in fine del C√≥digo Civil), en caso contrario el derecho aplicable es el espa√Īol.

Pero, en nuestro ejemplo ¬Ņ que sucede si ninguna de las partes invoca el derecho sustantivo de Marruecos, en nuestro supuesto constituido por el C√≥digo de Estatuto Personal (la Moudawana), donde no est√° regulada la separaci√≥n, sino tan s√≥lo el repudio15 y el divorcio, no habi√©ndose probado, por tanto, dicho ordenamiento?.

En estos supuestos se plantea el problema de cu√°l debe ser la soluci√≥n jur√≠dica que han de dar los Tribunales espa√Īoles, si desestimar la demanda por la falta de invocaci√≥n y acreditaci√≥n del derecho aplicable o si han de resolver recurriendo a los restantes sistemas de conexi√≥n, que nos llevan al derecho espa√Īol sustantivo (el C√≥digo Civil). En esta √ļltima direcci√≥n doctrinal es especialmente relevante la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2001, de 2 de julio, conforme la cual, ante la falta de acreditaci√≥n del derecho extranjero aplicable al caso, que deb√≠a haber hecho el que lo invoca, debe aplicarse el derecho espa√Īol antes que optar por desestimar la demanda.16 Sin embargo, tal soluci√≥n parece estar en contradicci√≥n con el car√°cter de orden p√ļblico de las normas de conflicto (art. 12.1 del C√≥digo civil), as√≠ como supondr√≠a, seg√ļn alguna doctrina, el dejar a la voluntad de las partes el derecho sustantivo aplicable.

Siguiendo con nuestro ejemplo, tambi√©n ser√≠a suficiente para aplicar el derecho espa√Īol el que la esposa manifestara el car√°cter limitador de sus derechos b√°sicos si se aplicara su derecho nacional, con lo que estar√≠a invocando la excepci√≥n de orden p√ļblico internacional espa√Īol (art. 12 del C√≥digo Civil) como ser√≠a la discriminaci√≥n por raz√≥n de sexo, lo que excluye su aplicaci√≥n por los Tribunales espa√Īoles, que han de atender a las normas de conexi√≥n subsidiarias del mismo art. 107.1 del C√≥digo Civil (ley de la residencia habitual com√ļn de los c√≥nyuges) y, en otro caso, a la Lex Fori, es decir, la ley material del pa√≠s al que pertenece el tribunal que conoce del asunto).

En cuanto a la custodia de las hijas/os menores y régimen de visitas a favor del padre no custodio, como medidas propias de protección del menor, el derecho sustantivo a aplicar se determina por el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 que en su art. 2 prevé expresamente como ley aplicable la Lex Fori sin que el Reglamento 2201/2003 se ocupe de la cuestión.

Cuando el menor tenga su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea pero no forme parte del anterior Convenio, como es el caso de Irlanda, la ley aplicable se fijará en virtud del artículo 9.6 del Código Civil, es decir, se aplica la ley nacional del menor, criterio que también recoge el Convenio de la Haya de 12 de junio de 1902 aplicable a los menores nacionales de Rumanía o Bélgica.

Por otro lado, hay que tener presente que en Espa√Īa se ha dictado la Circular n¬ļ 1/2001, de 5 de abril, de la Fiscal√≠a General del Estado, relativa a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervenci√≥n del Fiscal en los procesos civiles, y que entre otras cosas exhorta a los fiscales para que en todos los procesos que afecten a menores, orienten su actuaci√≥n conforme a los principios recogidos en el art√≠culo 11.2 de la LO 1/1996, primando siempre el inter√©s superior de los menores sobre cualquier otro inter√©s leg√≠timo que pueda concurrir.

En lo relativo a la pensi√≥n de alimentos y pensi√≥n compensatoria, el derecho sustantivo aplicable, sin duda, es el Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973, y conforme a sus arts. 4 a 6 el primer criterio o punto de conexi√≥n viene determinado por la Ley de la residencia habitual del acreedor de los alimentos o lo que es lo mismo, el pa√≠s donde se halla su centro social de vida (situaci√≥n de hecho) y establece el principio de discriminaci√≥n positiva (norma m√°s favorable), en beneficio del alimentista, que deroga en lo que lo contradiga el art√≠culo 9.7 del C√≥digo Civil pues el Convenio lo es erga omnes no importando la nacionalidad o residencia de las partes. Estos art√≠culos persiguen ante todo la obtenci√≥n de los alimentos reclamados por el acreedor de los mismos. As√≠ si la ley de residencia no le concede los alimentos hay que acudir a la ley nacional com√ļn de los progenitores. Si no existe se acudir√≠a a la ley del pa√≠s que conocen del asunto, es decir, si se reclamara en Espa√Īa la ley sustantiva finalmente ser√≠a la espa√Īola.

Tambi√©n habr√° que tener presente que Espa√Īa en esta materia puediera tener suscrito alg√ļn convenio bilateral, como es el Convenio hispano-uruguayo de 4 de noviembre de 1987 que s√≥lo tiene vigencia si el menor reside habitualmente en uno de estos paises y el deudor reside o tiene bienes o ingresos en estos mismos estados. Si estamos en algunos de estos supuestos, la ley aplicable lo ser√° a elecci√≥n del acreedor: la ley de su residencia habitual , la del deudor o la de el estado donde este √ļltimo tenga bienes o ingresos.

4.-Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

Relaci√≥n directa con los matrimonios mixtos entre espa√Īoles/as y extranjeras/os o entre extranjeros es la circunstancia m√°s que probable de que, debido al distinto origen de los c√≥nyuges, √©stos tanto contraigan matrimonio fuera de nuestras fronteras como se separen o divorcien en otro pa√≠s. Dictada una resoluci√≥n por un Tribunal extranjero en materia de D¬ļ de Familia procede el reconocimiento cuando lo que se pretende es que √©sta sea conocida y tenida por eficaz en nuestro pa√≠s. Ser√° necesaria la ejecuci√≥n cuando para dar eficacia a a la sentencia extranjera sea necesaria la intervenci√≥n de los √≥rganos judiciales recurri√©ndose para ello a los mismos mecanismos de ejecuci√≥n forzosa previstos para las decisiones nacionales17. La potestad para reconocer y ejecutar en territorio espa√Īol resoluciones judiciales y decisiones dictadas en el extranjero, corresponde a los Jueces y Tribunales espa√Īoles (art. 22.1¬ļ LOPJ) pero hay que tener en cuenta, ante todo, el pa√≠s que lo ha dictado.

Si proviene de un Estado de la Uni√≥n Europea- excepto Dinamarca- hay que acudir al Reglamento 2201/2003 sobre competencia, reconocimiento y ejecuci√≥n de resoluciones en materia matrimonial y sobre responsabilidad parental18 y la resoluci√≥n se reconoce directa y generalmente sin necesidad de procedimiento alguno, es decir, dictada una sentencia de divorcio, separaci√≥n o nulidad matrimonial por un Estado miembro, de forma autom√°tica producir√° sus efectos en Espa√Īa. Estar√≠amos, por tanto, ante lo que se denomina un reconocimiento gen√©rico. Para que se produzca adem√°s el efecto de cosa juzgada ser√° necesario que haya un reconocimiento expreso por parte de los tribunales espa√Īoles.

El procedimiento a seguir para que se declare expresamente el reconocimiento de una sentencia extranjera que proviene de un pa√≠s de la Uni√≥n Europea (excepto Dinamarca) se regula en el art√≠culo 29 y siguientes del Reglamento. Este procedimiento es tambi√©n el que se inicia para el caso de que se solicite el no reconocimiento de una determinada sentencia o resoluci√≥n, porque as√≠ interese a una de las partes, o el que se ha de seguir para dotar de fuerza ejecutiva a una sentencia extranjera. Se trata de un procedimiento com√ļn a todos los Estados miembros para la obtenci√≥n de un exequatur o declaraci√≥n de ejecutividad, d√°ndosele prioridad a este breve procedimiento respecto a las normas contenidas al respecto en los ordenamientos internos o en otros convenios. En consecuencia, para ejecutar la sentencia extranjera primero se requiere este exequatur y luego las medidas concretas de ejecuci√≥n que ya se regulan por el derecho interno de cada Estado. 19

Nos llam√≥ la atenci√≥n, y por eso lo resaltamos, la aplicaci√≥n del Reglamento 2201/2003 a Gibraltar por las particularidades del supuesto. As√≠ el art√≠culo X del Tratado de Utrech de 13 de julio de 1713 proh√≠be que se ejerza jurisdicci√≥n por Gran Breta√Īa en Gibraltar. Por tanto, las sentencias dictadas en Gibraltar, en principio, no surtir√≠a efectos en Espa√Īa pero el Acuerdo entre Gran Breta√Īa y Espa√Īa de 19/10/2000 20 posibilita estos efectos al existir una autoridad con sede en Londres (The United Kingdom Goverment/Gibraltar Liaison Unit for EU Affaire of de Foreign and Commonwealth Office) que certifica como aut√©nticos los documentos en los que consten las decisiones de las autoridades gibraltare√Īas.

Igualmente, destacar que la Sección 4ª del Reglamento 2201/2003 expresa la fuerza ejecutiva de determinadas resoluciones relativas al derecho de visita y de determinadas resoluciones que ordenan la restitución de los hijos menores de edad. El derecho de visita contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 40, concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen.

Por otro lado, si la resoluci√≥n o decisi√≥n judicial es dictada en un pa√≠s con los que Espa√Īa tiene suscrito un convenio bilateral21, habr√≠a que tener presente ese acuerdo concreto para el reconocimiento y ejecuci√≥n de las resoluciones judiciales en materia de derecho de familia.

En los demás supuestos, es decir, cuando no provenga la resolución de un país que haya suscrito el Reglamento 2201/2003 o no exista convenio bilateral, se debe acudir al exequatur previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento de exequatur es un paso previo a la ejecución de una sentencia extranjera que no trata de revisar el fondo de la resolución sino simplemente de comprobar determinadas cuestiones formales.

El art. 523.1 de la L.E.C. dispone someramente que para que una sentencia firme u otro t√≠tulo ejecutivo extranjero lleven aparejada ejecuci√≥n en Espa√Īa, se estar√° prioritariamente a lo dispuesto en Tratados internacionales, y subsidiariamente a las disposiciones de la legislaci√≥n sobre cooperaci√≥n judicial civil internacional, que actualmente, y ante la falta de cumplimentaci√≥n de esta previsi√≥n legislativa (DF 20¬™ LEC), son los de esta previsi√≥n legislativa (DF 20¬™ LEC), son los arts. 951 a 958 de la LEC de 1881, vigentes con arreglo a la DD 1.3¬™ de la LEC de 2000.22

Finalmente, traemos a colaci√≥n el Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza de once de Octubre de dos mil seis 23, n¬ļ de Recurso: 242/2006, Ponente: D. Juan I. Medrano S√°nchez en el que se hace una reflexi√≥n muy interesante sobre la naturaleza de la acci√≥n ejecutiva y del proceso de ejecuci√≥n y a su lectura, para no cansar, nos remitimos, resaltando √ļnicamente una idea que debemos tener siempre presente: no se puede pretender nada diferente a lo que conste en el t√≠tulo ejecutivo y ello en base al principio de identidad o de literalidad entre acci√≥n ejecutiva y t√≠tulo ejecutivo.

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